Impugnan Programa de Alivio a la Deuda para Agricultores Desaventajados

Como parte de los esfuerzos del Plan de Rescate Americano (ARPA por sus siglas en inglés), en respuesta a los estragos causados por la Pandemia de Covid-19, se incorporó la Sección 1005, que incluye un Programa de Alivio a la Deuda a Agricultores Desaventajados, que mantienen préstamos directos con Farm Service Agency (FSA) o garantizados por ésta. Así lo describe el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés) en su página farmers.gov. Según el Código de Regulaciones Federales, en su Parte 7, sección 760.107, un agricultor socialmente desaventajado se define grupo de personas históricamente sujeto a prejuicio racial o étnico e incluye a Afro-Americanos, Hispanos, Nativos Americanos, y Asiático-Americanos. Se estima en $4 Billones el impacto del alivio, que no es otra cosa que perdonar la deuda a los agricultores de los grupos antes descritos. Esta ayuda aplica a préstamos morosos así como corrientes. FSA ha estado enviando correspondencia a aquellos agricultores que han indicado en la Forma AD-2017 que pertenecen a alguno de estos grupos desaventajados.

Según el Secretario del USDA, Tom Vilsack, esta medida se justifica por el discrimen sistémico que ha existido históricamente en FSA contra grupos desaventajados. En el pasado, agricultores Afro-Americanos e Hispanos, presentaron sendos recursos legales por discrimen racial contra el USDA (vea García v. Vilsack 563 F. 3d. 519, 130 S.Ct. 1138 (2010 )y Pigford v Glickman, 206 F. 3d. 1212 (D.C. Cir. 2000) en la que el Gobierno transó el pago de daños por extraordinarias sumas de dinero.

El semanario virtual POLITICO, señaló en días recientes que esta iniciativa está confrontando serios retos constitucionales, por parte de agricultores que tienen préstamos directos o garantizados con FSA, y no son considerados como grupo socialmente desaventajados. Según el Centro Nacional de Derecho Agrícola (NALC por sus siglas en inglés), recursos judiciales han sido presentados en cortes federales de nueve Estados de la Unión por entender que el Programa de Alivio a la deuda viola la Constitución de los Estados Unidos de América. Específicamente, los demandantes alegan que la Sección 1005 de ARPA atenta contra su derecho fundamental a la igual protección de las leyes, concedida bajo la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Básicamente, la demanda señala que está ocurriendo discrimen a la inversa y propone que el alivio sea concedido basado en situación financiera y no en condición racial o étnica.

Varias cortes han emitido Órdenes de Injunction Preliminar (TRO por sus siglas en inglés), deteniendo el avance del Programa. Nos dice NALC que el Injunction Preliminar a nivel federal se concede: 1. La probabilidad que tiene de ganar el caso basado en la evidencia presentada; 2. Que este daño es irreparable o no hay otro remedio en la ley que le ayude; 3) El riesgo de daño supera cualquier efecto adverso de la parte contraria; 4) La concesión del TRO no afecta el interés público. En estos casos, el escrutinio judicial es uno estricto, donde el Gobierno tiene que probar que la clasificación racial (beneficio a grupos sociales desaventajados basados en raza o etnia) es necesaria para lograr un interés público persuasivo y que la legislación estrechamente se vincula a ese propósito. Según algunos medios, un juez en Tennessee, al conceder el Injunction Preliminar, expresó que el Congreso no ha demostrado que la situación de discrimen que haya podido existir en el USDA en el pasado, prevalezca hoy día.

Aquellos agricultores de Puerto Rico que pueden beneficiarse del Programa de Alivio a la Deuda a Agricultores Desaventajados, deben estar atentos al resultado final de estas demandas. Estaremos publicando con regularidad cualquier nueva noticia que surja relacionada a estos casos. Mientras tanto, el programa ha quedado en suspenso. USDA sugiere a los agricultores que se mantengan realizando sus pagos tal y como fueron convenidos.